Resumen — Las fronteras de la Fiscalía Europea: cooperación con los Estados miembros no participantes
La delincuencia que persigue la Fiscalía Europea no entiende de fronteras, y tampoco debería hacerlo el proceso penal llamado a combatirla. Sin embargo, su creación mediante el mecanismo de cooperación reforzada -que permite a un grupo de Estados miembros avanzar de forma más ágil en el proceso de integración europea- ha generado una de las aristas más complejas de su diseño institucional: la necesidad de articular una colaboración eficaz con los países de la Unión que decidieron no sumarse al proyecto europeo, a fin de evitar la aparición de zonas de impunidad y conflictos de jurisdicción. A ello se dedica el presente trabajo.
El análisis se articula en torno a tres ejes. El primero es el principio de cooperación leal consagrado en el art. 4.3 TUE, que rige las relaciones entre la Fiscalía Europea y los Estados miembros no participantes. El segundo es la dimensión estructural e institucional de la cooperación, articulada a través de los acuerdos de colaboración, los funcionarios de enlace y los puntos de contacto, cuyas limitaciones se analizan y sobre las que se formulan propuestas de mejora. El tercero es la dimensión operativa y procesal regulada en el art. 105.3 Reglamento 2017/1939, que prevé con carácter prioritario la adopción de un instrumento jurídico específico -para el que el art. 82.1 TFUE se perfila como la base jurídica más adecuada- y, subsidiariamente, la utilización de los instrumentos de cooperación judicial ya existentes; opción esta última que, pese a sus ventajas, no está exenta de dificultades dada su concepción para relaciones entre autoridades estatales.